El contexto amerita una declaración de Emergencia Educativa en Argentina

La educación sufrió un gran retroceso en los últimos años. Y un país con los niveles de pobreza que maneja Argentina debería buscar una salida en la educación.

Analía Marsella, jurista experta en Derecho Internacional y Derechos Fundamentales, dialogó con   FRECUENCIA ZERO y aseguró que es necesario hacer valer el interés superior del niño, lo cual es un conjunto de acciones y procesos enfocados en garantizar un desarrollo integral y una vida digna.

La jurista explicó que la escuela representa en Argentina un espacio de educación; pero también un lugar de socialización, donde los niños pueden alimentarse. Y, además, se les da acceso a un conjunto de servicios que ofrece la escuela.

«La presencialidad debe ser segura, no alcanza con tener la escuela abierta. Y lo que estamos viendo y observando en todas las provincias y distintas jurisdicciones es que el atraso en materia educativa en Argentina afecta desde aspectos edilicios, salvando excepciones. En Argentina las escuelas son inseguras», sentenció.

Analía Marsella plantea la necesidad de una presencialidad segura, por el contexto en el que se encuentra el sistema educativo argentino. Durante la pandemia, las clases se suspendieron. Pero no es el COVID el mayor problema de este sistema, sino la estructura edilicia, el sistema de maltratos. Hay distintos factores que contribuyeron a que la educación llegue a una situación de emergencia.

Cabe recordar que en los últimos años fallecieron docentes por el estado de los establecimientos. Los profesores de Moreno en 2018, por una fuga de gas, y la maestra de Río Negro este año, por una explosión.  

Como hay situaciones críticas, que vulneran la labor del docente, hay maestros que no cumplen con su trabajo. «Existen niños maltratados y abusados», aseguró.  

La semana pasada falleció una niña de 12 años en Lago Gutiérrez, durante una reunión de fin de curso. La causa está caratulada como homicidio culposo y los docentes que acompañaban a la niña fueron suspendidos de sus cargos.

Para generar un cambio en esta problemática estructural, las políticas públicas deben ser fuertes y decididas, a través de un acuerdo que incluya a todos los sectores de la sociedad, con una mirada a largo plazo; y así fortalecer nuevamente el acto educativo, donde estudiantes y docentes tengan condiciones óptimas para el proceso de generación de conocimiento y ciudadanía.

Finalmente, Marsella afirmó que ya están radicados y se avanza con el trámite de los recursos de queja ante la Corte Suprema, que es el último paso en Argentina para los tres amparos colectivos en defensa del Derecho a la Educación, Salud integral y condiciones equitativas de trabajo, entre otros, en los que piden que se respeten los mecanismos constitucionales y las instituciones democráticas.