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POLÍTICA

Causa Vialidad Baltazar Garzón denunció un «ajusticiamiento político»

El jurista español  Baltazar excoordinador de asesoramiento internacional en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicó una carta abierta contra los jueces de la causa que darán a conocer hoy a las 17:30 el veredicto a  En la misiva, denunció un «ajusticiamiento político» de parte de los jueces que cometen un «daño» a la democracia «apenas reparable».

En su escrito, el jurista español aseguró que existe lawfare y persecución a la Vicepresidenta. «Quizás no debería de escribiros esta carta abierta un día antes de que conozcamos la sentencia en la que se decidirá la suerte política de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y digo suerte política porque este ha sido un ajusticiamiento político, aun en el caso de que la balanza de la Justicia que, hoy por hoy, está vencida hacia la más grosera injusticia, le fuera favorable. El daño producido con este proceso a la democracia es apenas reparable», comenzó Garzón en la misiva difundida por Página/12.

«Las campañas orquestadas, tanto políticas, como judiciales y mediáticas, en su contra han hecho que el proceso en sí mismo sea injusto y tan lleno de irregularidades que es imposible encontrar en los anales de la historia procesal reciente un cúmulo más elevado de errores o defectos (en el mejor de los casos) o de ilícitos penales (en el más adecuado a las evidencias acumuladas)», escribió respecto a las acusaciones de los fiscales  quienes pidieron 12 años de prisión para la titular del Senado y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

A su vez, Garzón aseguró que «es bueno que los responsables políticos rindan cuentas y que se sometan a auditorías independientes, pero cuando se trata de procesos judiciales, las garantías, la pulcritud, la imparcialidad y la independencia resultan fundamentales».

«Y, desde luego, en el caso Vialidad todo ha estado preordenado para acabar política y personalmente con la vicepresidenta del país. No ha existido respeto a las garantías, las pruebas están contaminadas, ha habido sustracción y alteración de las mismas, los testigos han sido venales, los peritajes manipulados…», sumó en su mensaje adhiriendo a la teoría de que existe un intento de proscribir .

Y agregó: «¿Entonces qué se gana con una condena? Nada, más allá de la felicitación mediático-política de los enemigos de la verdad. Y, ¿qué se pierde? Todo. Y, en especial, la propia credibilidad de la Justicia, que queda maltrecha y como un clínex porque ha sido usada, adulada y tirada a la basura de la historia».

Por último, Baltazar Garzón concluyó: «La persecución política en una democracia por medio de la misma clase política es rechazable, pero, hasta cierto punto, comprensible; pero la persecución política a través del derecho (lawfare) es el mecanismo más perverso y destructor de aquella. Ustedes jueces son y serán los únicos responsables de que esto acontezca o, in extremis, pueda evitarse y comenzar así una verdadera regeneración democrática de la Justicia».

El 20 de enero de 2020, Alberto Fernández recibió en Casa Rosada al exjuez Baltazar Garzón luego de que trascendiera la intención de crear un , que tenía como intención  analizar y dictar sentencia sobre procesos judiciales entre los que se encuentran los de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex mandatario Lula Da Silva y el ex ministro de Planifiación del kirchnerismo, Julio De Vido.

Al frente del mismo están el consitucionalista argentino Eduardo Barcesat y dentro del tribunal que realizará las investigaciones, el propio Garzón.

En ese entonces, Barcesat escribió un documento que envió a PERFIL para dar a conocer los primeros detalles: «El lawfare, o guerra judicial, que sería su significado en lengua castellana, es una práctica de persecución y destrucción de adversarios o enemigos.

políticos, empleando como arma a los procesos judiciarios.- La invención de esta práctica persecutoria, gestada en la academia militar estadounidense, es la de perseguir a los opositores mediante mecanismos que no generen la mala prensa que tienen los atentados, asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, torturas,  etc. que han sido empleados a lo largo de la historia de la dominación social ejercida por potencias hegemónicas».

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